Luis Vañó Gisbert · Presidente de CERMI-CV (Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana)
Llevo muchos años escuchando a familias que, sentadas frente a una mesa de despacho, explican por enésima vez lo que su hijo necesita, lo que su madre ya no puede hacer sola o lo que a ellas mismas les cuesta cada mañana salir a la calle, y he aprendido que detrás de cada expediente hay una historia que casi nunca cabe en un formulario.
Por eso, cuando el pasado 3 de octubre el Boletín Oficial del Estado publicó la Ley 4/2026, que reforma a la vez la ley de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Dependencia, no la leí como un texto jurídico más, sino pensando en esas personas y preguntándome, línea a línea, si por fin iban a notar algo distinto en su vida.
Creo, con toda sinceridad, que sí, y que la diferencia está en algo que no siempre se ve a primera vista.
Esta ley cambia la pregunta de fondo. Durante décadas el sistema se ha preguntado qué podía ofrecer a una persona con discapacidad o en situación de dependencia, y la respuesta solía llegar en forma de recurso, de plaza o de prestación, decidida casi siempre por otros.
La nueva ley se pregunta otra cosa: qué quiere esa persona para su propia vida.
Obliga a escuchar la respuesta y, al elaborar su programa individual de atención en dependencia, exige justificar cualquier apartamiento excepcional de su voluntad, después de haber agotado las opciones para respetarla. Puede parecer un matiz, pero quienes conocemos el día a día sabemos que ahí se juega la dignidad.
Ese giro se nota en cómo la ley refuerza y concreta el derecho a la vida independiente y reconoce expresamente la accesibilidad universal como un derecho imprescindible para ejercer los demás en igualdad.
Se nota también en el reconocimiento estatal de la atención temprana como derecho subjetivo para las niñas y los niños con discapacidad, que refuerza las garantías valencianas ya existentes, en que una persona mayor pueda contar con asistencia personal sin que su edad sea una barrera, o en que nadie tenga que temer que su vivienda habitual cuente en su contra a la hora de pagar los apoyos de dependencia que necesita.
Ahora bien, conviene no confundirse.
Una ley no cambia la realidad por el mero hecho de publicarse, y esta tampoco lo hará si se queda en el papel.
Me preocupa, y no quiero ocultarlo, que algunas de sus promesas más ambiciosas no vengan acompañadas de la financiación que necesitan, porque un derecho sin recursos se convierte muy pronto en una frustración, y las personas con discapacidad y sus familias ya han acumulado demasiadas.
Me preocupa también que la salida de las instituciones hacia una vida en la comunidad, que la ley proclama con razón, no tenga todavía un camino claro, con plazos y con medios, para que deje de ser una aspiración y empiece a ser una opción real para quien la elija.
Por eso pienso que lo más importante de esta reforma no está en el texto, sino en lo que hagamos con él a partir del 23 de octubre, cuando entre en vigor.
En la Comunitat Valenciana tenemos por delante un año decisivo, porque la Generalitat deberá adaptar su normativa y sus procedimientos, y esa adaptación puede ser un trámite o puede ser una oportunidad para hacer las cosas de otra manera.
Imagino, por ejemplo, el día en que una familia pueda pedir en un único lugar, y de una sola vez, todo lo que corresponde a su situación, sin repetir papeles ni esperar meses de una ventanilla a otra. No es una utopía: es la dirección que marca la ventanilla única que la ley obliga a establecer, y lo que tantas familias llevan años reclamando.
Nuestra comunidad no parte de cero, y sería injusto olvidarlo, porque contamos ya con garantías propias en servicios sociales y en accesibilidad que en algunos aspectos incluso van por delante.
Precisamente por eso tenemos la responsabilidad de que esta ley se sume a lo que ya teníamos y no lo rebaje, de que sirva para mejorar y no como excusa para esperar.
Al movimiento asociativo nos toca lo que siempre hemos hecho: estar, proponer, vigilar y, cuando haga falta, exigir.
Lo haremos con lealtad institucional y con la misma firmeza de siempre, porque detrás de cada artículo de esta ley hay alguien esperando que, por fin, el sistema se adapte a su vida y no al revés.
Si dentro de unos años una de esas familias que tantas veces he escuchado me dice que algo ha cambiado de verdad, que ya no tiene que pelear cada apoyo como si fuera un favor, sabré que esta ley ha cumplido su propósito.
Hasta entonces, el trabajo no ha hecho más que empezar.
