- La entidad reclama que el futuro «Módulo Dinámico» no se limite a subir los precios, sino que garantice la viabilidad de viviendas realmente accesibles y asequibles a través de una arquitectura de 6 bloques de garantías.
- Propone un indicador de esfuerzo (IETVA) para que la hipoteca o el alquiler nunca superen el 35% de la renta disponible real, descontando los gastos de discapacidad, y exige coeficientes correctores para proteger a las mujeres con discapacidad y cuidadoras.
- Exige depurar los precios de mercado en zonas turísticas y crear un nuevo Indicador de Accesibilidad Funcional del Entorno (IAFE) que mida si la zona cuenta con servicios esenciales.
- Plantea un «Sandbox» regulatorio para probar modelos de vivienda innovadores y una «cláusula DANA» para proteger las promociones ante emergencias.
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (CERMI CV) ha registrado hoy ante la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda un exhaustivo documento con 49 aportaciones técnicas a la consulta pública del nuevo Módulo Dinámico de Vivienda de Protección Pública (VPP), organizadas en seis bloques de garantías. La entidad advierte de que la actualización de los precios máximos de venta y alquiler prevista para 2026 puede convertirse en una barrera de acceso insalvable para las personas con discapacidad. El objetivo de la propuesta es evitar que el nuevo modelo de precios expulse a este colectivo del sistema de vivienda protegida. CERMI CV alerta del impacto directo que la medida tendría sobre las economías más frágiles. En especial, sobre las familias con menos recursos. Y, de manera destacada, sobre los hogares encabezados por mujeres.
Luis Vañó, presidente del CERMI CV, ha señalado que «compartimos la necesidad de actualizar los precios para que a los promotores les salga a cuenta construir vivienda social, pero esa viabilidad económica no puede lograrse a costa de la viabilidad social de las familias. Si subimos el precio del módulo sin corregir la capacidad de pago real de las personas con discapacidad, estaremos creando un parque de vivienda pública fantasma: pisos nuevos que nuestro colectivo no podrá pagar».
Un módulo que reconozca el coste de la accesibilidad real
El primer bloque de medidas exige que el nuevo cálculo del precio oficial de la VPP (Valor Estándar) internalice los sobrecostes reales (estimados en un 15-20% adicional) de la accesibilidad universal (física, sensorial y cognitiva), la domótica asistencial y la salubridad reforzada para personas con discapacidad orgánica. «La accesibilidad no es un extra de lujo, es un derecho llave. Si el módulo no cubre su coste, los promotores construirán viviendas que cumplen la norma por los pelos, pero que no sirven para la vida independiente», advierte la entidad.
Indicador Anti-Pobreza con perspectiva de género
Para proteger el bolsillo de los usuarios, el CERMI CV propone la creación del Indicador de Esfuerzo Total de Vivienda Accesible (IETVA). Esta métrica obligaría a la Administración a topar el precio de venta o alquiler de forma que nunca supere el 30-35% de la renta disponible de la unidad familiar, descontando previamente los gastos fijos ineludibles asociados a la discapacidad (terapias, asistencia personal, copagos).
Crucialmente, la propuesta exige que se apliquen coeficientes correctores con perspectiva de género para favorecer a las unidades de convivencia encabezadas por mujeres con discapacidad o mujeres cuidadoras, reconociendo su mayor exposición a la precariedad económica.
Justicia territorial: freno a la especulación y medición de servicios
Ante el riesgo de gentrificación, la plataforma exige depurar estadísticamente los datos de precios de mercado que alimentarán el algoritmo del módulo. «En la costa valenciana, el precio medio está inflado por el turismo y la vivienda de lujo. No podemos permitir que el precio de la VPP se calcule basándose en lo que paga un inversor extranjero por un apartamento en la playa», apuntan desde el Comité.
Además, se propone la creación de un Indicador de Accesibilidad Funcional del Entorno (IAFE), que medirá si la zona cuenta con servicios esenciales cercanos (transporte adaptado, centros de día, etc.) antes de fijar el precio, para incentivar la construcción en barrios inclusivos.
Innovación, transparencia y garantías ante crisis
El documento también plantea un sistema de gobernanza robusto que incluye:
- Un sistema de alertas tempranas para detectar si en alguna zona («Zonas Blancas») no se está construyendo vivienda accesible y corregir el módulo.
- La creación de un «Sandbox» o laboratorio de innovación para probar nuevos modelos de convivencia como el Cohousing inclusivo con precios flexibles a cambio de datos.
- Una «cláusula DANA» que permita activar mecanismos de estabilización del módulo ante emergencias o catástrofes que disparen los costes de construcción.
- La institucionalización de una Mesa Técnica de Gobernanza con participación del CERMI CV para auditar el funcionamiento del algoritmo con total transparencia.
Con esta propuesta de «arquitectura técnica y social», el CERMI CV se ofrece como aliado estratégico del Consell para diseñar una política de vivienda que sea, al mismo tiempo, rentable para el sector de la construcción y justa para las personas con mayores necesidades de apoyo.
