Luis Vañó – Pte de CERMI CV
La pregunta de por qué una familia elige un lugar como el de Elche sin una aparente comprobación exhaustiva es una pregunta dolorosa, y su respuesta es mucho más compleja que la simple negligencia. Antes de juzgar, debemos entender que estas familias no son las culpables; son, en la mayoría de los casos, las penúltimas víctimas de un sistema que les falló mucho antes.
1. El espejismo de una solución «asequible» ante un sistema inaccesible
El primer factor es puramente económico y estructural. El sistema público de atención a la dependencia está saturado, con listas de espera que se miden en meses o incluso años. Cuando una familia necesita una solución urgente, el mercado privado es, a menudo, la única opción. Sin embargo, los costes de las residencias legales y de calidad son prohibitivos para una gran parte de la población.
La noticia nos da un dato clave: los responsables de este centro ilegal cobraban entre 30 y 45 euros diarios. Esto supone entre 900 y 1.350 euros al mes.
Para una familia trabajadora, esta cifra, aunque altísima, puede parecer una alternativa «posible» frente a los 2.000, 2.500 o más euros que puede costar un centro legal.
Estos lugares operan en la economía sumergida, sin los costes de personal cualificado, seguros o instalaciones adecuadas, lo que les permite ofrecer un precio que es, en realidad, un cebo mortal.
Son depredadores que han encontrado un nicho de mercado en la desesperación económica.
2. La carga invisible y el agotamiento del Cuidador
Debemos ponernos en la piel del cuidador principal. A menudo, es un familiar que lleva años dedicando su vida, 24 horas al día, 7 días a la semana, al cuidado de una persona con un alto grado de dependencia.
Esta labor, realizada en soledad y con escaso apoyo institucional, conduce a un estado de agotamiento físico y mental extremo. El «burnout» del cuidador es una realidad silenciosa y devastadora.
En ese estado de agotamiento, enfrentarse a la burocracia laberíntica de los servicios sociales, a la falta de información clara y a las listas de espera interminables, es una barrera psicológica inmensa.
Cuando aparece alguien que ofrece una solución aparentemente «sencilla», «cercana» y «humana» —como un matrimonio en una vivienda unifamiliar—, la promesa de un respiro inmediato puede nublar el juicio.
No se elige desde la calma y la racionalidad, se elige desde la extenuación y la necesidad imperiosa de ayuda.
3. La fachada del engaño y la confianza traicionada
Es fundamental subrayar un hecho que la noticia confirma: los familiares «manifestaron que desconocían las condiciones de la vivienda». Nadie elige conscientemente un «escenario de terror» para un ser querido.
Estos operadores clandestinos son expertos en la manipulación.
Probablemente, mostraban una fachada de normalidad, una habitación limpia para las visitas, y construían una relación de confianza personal.
Se aprovechan de la buena fe y del desconocimiento.
Como dice el comunicado de CERMI CV, las familias «depositaron su confianza en quienes han demostrado el más absoluto desprecio por la dignidad humana». No es que las familias no quisieran comprobar; es que fueron activamente engañadas.
Conclusión: No son Familias Negligentes, son Víctimas de un Sistema Negligente
En definitiva, culpar a las familias es una simplificación cruel que desvía la atención del verdadero responsable: un «sistema que tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos más vulnerables» y que ha fallado estrepitosamente.
Las familias recurren a estos sitios porque el Estado no les proporciona alternativas viables, asequibles y accesibles. Porque la burocracia es un muro. Porque la información no llega.
Y porque existen criminales que han aprendido a explotar todas estas grietas del sistema.
Por tanto, la reflexión profunda no debe ser sobre el juicio de una familia, sino sobre la responsabilidad colectiva y política que permite que la desesperación se convierta en un negocio y que la vulnerabilidad termine en tragedia.
