El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (CERMI CV) manifiesta su más absoluta consternación, repulsa y condena ante los intolerables hechos destapados en Elche, donde la trágica muerte de un joven de 34 años con parálisis cerebral ha sacado a la luz una vivienda utilizada como residencia ilegal para personas en situación de dependencia.
En primer lugar, queremos trasladar nuestro más sentido pésame y toda nuestra solidaridad a la familia y allegados del joven fallecido. Asimismo, extendemos nuestro apoyo incondicional al resto de las personas con discapacidad que han sido víctimas de esta situación inhumana y a sus familias, que depositaron su confianza en quienes han demostrado el más absoluto desprecio por la dignidad humana.
Las condiciones destapadas por la intervención policial son un insulto a toda la sociedad: suciedad generalizada, restos orgánicos, olores nauseabundos, colchones en estado deplorable, alimentos caducados y una absoluta falta de las condiciones higiénico-sanitarias más básicas.
Esta descripción no corresponde a un centro de cuidados, sino a un escenario de terror que vulnera de la forma más flagrante los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.
Resulta inconcebible y absolutamente inaceptable que en una sociedad que se presume garantista y protectora, con un marco normativo autonómico y local supuestamente robusto en materia de servicios sociales, una situación de esta magnitud haya podido perpetuarse desde 2016.
Desde CERMI CV nos preguntamos de forma contundente:
¿Dónde estaban los mecanismos de inspección y control de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento de Elche?
¿Cómo es posible que una actividad clandestina de esta naturaleza, que ponía en grave riesgo la vida y la integridad de personas en especial situación de vulnerabilidad, haya pasado desapercibida durante años?
La existencia de una normativa exhaustiva y de servicios de inspección se revela inútil si no se dota de los recursos necesarios y no se aplica con el máximo rigor y diligencia.
Este suceso no es un mero incumplimiento administrativo; es un fracaso estrepitoso de un sistema que tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos más vulnerables.
Por todo ello, EXIGIMOS:
- Una investigación exhaustiva, ágil y transparente por parte de todas las autoridades competentes –judiciales, sanitarias y de servicios sociales– para esclarecer no solo la responsabilidad penal directa de los responsables de la vivienda, sino también cualquier posible negligencia o dejación de funciones por parte de las administraciones públicas.
- La comparecencia pública inmediata de los responsables de la Conselleria de Sanidad y de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Elche para dar explicaciones sobre la quiebra de los sistemas de control que ha permitido esta atrocidad.
- Una revisión y refuerzo urgentes de todos los protocolos de inspección y control de centros y servicios de atención a personas en situación de dependencia en la Comunitat Valenciana, garantizando que se realicen de forma proactiva, periódica y sin previo aviso.
- La puesta en marcha de campañas informativas dirigidas a las familias para que conozcan los cauces oficiales y las garantías que deben exigir a la hora de buscar un recurso residencial para sus seres queridos.
Desde el CERMI CV no vamos a permitir que esta tragedia quede en el olvido. Permaneceremos vigilantes y seremos implacables en la denuncia de cualquier situación que atente contra la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad.
Lo ocurrido en Elche es una vergüenza que nos interpela a todos. Es el momento de pasar de las palabras a los hechos y de asegurar que el sistema no vuelva a fallar. Nunca más.
