- Las reformas sugeridas al Observatorio Fiscal incluyen deducciones por terapias, tecnología, cuidados y vivienda, además de incentivos para la vida independiente y por electrodependencia, el empleo y la equidad fiscal del colectivo.
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI CV) ha presentado en el Observatorio Fiscal de la Comunidad Valenciana un completo y ambicioso paquete de propuestas fiscales de cara al ejercicio 2026. Esta iniciativa, registrada por el presidente de CERMI CV, Luis Vañó Gisbert, tiene como objetivo consolidar una política fiscal que actúe como auténtica herramienta de justicia social, aliviando el sobreesfuerzo económico que afrontan las personas con discapacidad y sus familias, al tiempo que promueve activamente su inclusión, autonomía y participación en igualdad de condiciones.
Desde CERMI CV se insiste en que la fiscalidad, así como cualquier reforma que la afecte, debe considerar a la discapacidad como una situación de especial protección. De este modo, se busca que toda medida de índole tributaria tenga en cuenta la menor capacidad económica —y por tanto contributiva— de este colectivo y de sus entornos familiares.
El comité ha solicitado formalmente al Observatorio Fiscal la inclusión de estas propuestas en el orden del día, con el fin de abrir el debate y trabajar hacia su aceptación. Las principales medidas presentadas son:
- Adaptación a la Ley 8/2021: Se propone modificar la normativa del IRPF autonómico para adaptarla a la nueva legislación sobre apoyos a la capacidad jurídica, garantizando así la seguridad jurídica y el mantenimiento de beneficios fiscales. Entre otras medidas, se plantea equiparar la figura de la curatela representativa a un grado de discapacidad del 65 %.
- Protección a personas electrodependientes: Se propone una deducción específica en el IRPF dirigida a personas que dependen vitalmente de equipos médicos conectados a la red eléctrica. La propuesta contempla una deducción fija de 300 € anuales (500 € si se requieren dos o más equipos), y una deducción del 30 % —con un límite de 1.000 €— por inversiones en dichos equipos o sistemas de respaldo como baterías o generadores.
- Compensación de gastos esenciales: Se plantea un conjunto de deducciones fiscales para aliviar costes recurrentes:
- Terapias y tratamientos: Deducción del 20 % (hasta 600 €, ampliables a 900 €) por fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional o atención temprana no cubiertas por el sistema público.
- Tecnología y accesibilidad digital: Deducción del 30 % (hasta 500 €) por la adquisición de hardware adaptado, software especializado u otras herramientas que fomenten la autonomía digital.
- Perros de asistencia: Deducción del 30 % (hasta 800 €) para cubrir alimentación, atención veterinaria y otros gastos relacionados con estos animales oficialmente acreditados como productos de apoyo vivos.
- Apoyo a cuidadores y familias: Se propone reconocer fiscalmente la labor de los cuidadores principales mediante una deducción de hasta 600 €, con incrementos si hay reducción de jornada o excedencia. Además, se contempla una deducción del 50 % (límite de 600 €) por gastos en formación específica orientada a mejorar la calidad del cuidado.
- Fomento de la vida independiente y la vivienda:
- Compra de vivienda: Aplicación de un tipo superreducido del 4 % en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para personas con discapacidad igual o superior al 65 %.
- Tributos locales: Habilitar un marco legal que permita a los ayuntamientos aplicar bonificaciones de hasta el 90 % en el IBI, así como exenciones en tasas municipales para las viviendas habituales de personas con discapacidad severa.
- Empleo y emprendimiento: Se prevé una deducción de hasta 600 € por gastos en formación continua para mejorar la empleabilidad, así como incentivos específicos dirigidos al emprendimiento y a facilitar la conciliación de las mujeres con discapacidad.
- Ayuda extraordinaria por la DANA de 2025: Se plantea la creación de una deducción extraordinaria para personas con discapacidad afectadas por la DANA, destinada a la reposición de bienes y productos de apoyo esenciales que resultaron dañados.
Por último, las propuestas también incluyen mejoras en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, elevando las reducciones hasta los 500.000 € para personas con discapacidad, y en el Impuesto sobre el Patrimonio, proponiendo un mínimo exento específico de 1.000.000 € para este colectivo.
Desde CERMI CV se afirma: “La fiscalidad tiene la oportunidad de mostrar su lado más justo y equitativo. Estas propuestas no son un privilegio, sino un mecanismo de justicia que reconoce el sobreesfuerzo económico de las personas con discapacidad y sus familias. Es una inversión en autonomía, inclusión y dignidad, una forma de ejercer nuestras competencias para construir una sociedad que no deje a nadie atrás”.
