Luis Vañó Gisbert · Presidente de CERMI-CV (Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana)
Ayer, 14 de julio, sentí una satisfacción profunda al ver al Congreso de los Diputados aprobar el proyecto de ley que reforma la legislación sobre autonomía personal, dependencia y discapacidad. Como presidente de CERMI CV, celebro que recoja reivindicaciones defendidas durante años. No es una concesión, sino un logro de la ciudadanía organizada. Los derechos no son favores: son obligaciones democráticas.
Pero satisfacción no significa complacencia. Mi posición es clara: respaldamos los avances, pero no concedemos un cheque en blanco. La tramitación no ha terminado y el proyecto debe continuar en el Senado. Además, el Real Decreto-ley financiero convalidado por el Congreso es un instrumento distinto. Explicarlo no rebaja lo conseguido; protege a quienes no merecen otra expectativa convertida en frustración.
Esta no es una reforma sectorial ni un ajuste técnico. Decide si la necesidad de apoyos seguirá tratándose como un problema privado o como una responsabilidad compartida. Decide si la autonomía personal es un gasto o una infraestructura de la libertad. Para mí no hay duda: hablamos de ciudadanía, igualdad y calidad democrática.
El cambio político de fondo: libertad con apoyos
En mi responsabilidad al frente de CERMI-CV he aprendido algo sencillo: para quien necesita un apoyo, la diferencia entre un derecho y una promesa es el tiempo que tarda en llegar. Durante demasiado tiempo el sistema ha preguntado qué recurso estaba disponible y cómo encajar allí a la persona. Hay que invertir ese orden: escuchar su voluntad y organizar los apoyos para su proyecto de vida.
La autonomía personal no significa hacerlo todo sin ayuda. Significa decidir sobre la propia vida y disponer de apoyos que hagan efectivas esas decisiones. Así lo exigen el artículo 49 de la Constitución y la Convención de Naciones Unidas. El Programa Individual de Atención no puede ser un formulario que se comunica al final: debe construirse con la persona.
Por eso importan la atención temprana de cero a seis años como derecho subjetivo, la asistencia personal, la teleasistencia, una compatibilidad más amplia de prestaciones y el refuerzo de la accesibilidad universal. También importa avanzar hacia cuidados libres de sujeciones. Juntos expresan un cambio político: pasar de administrar recursos a garantizar derechos; pasar de decidir por la persona a decidir con ella.
También valoro la conexión entre dependencia y discapacidad. El grado I se asimilará al 33 % de discapacidad y los grados II y III, al 65 %, pero solo a efectos de la legislación general de discapacidad y las normas que lo prevean expresamente. Puede evitar duplicidades, pero no activará automáticamente todos los beneficios fiscales ni todos los efectos de un certificado.
Una ventanilla única solo merece ese nombre cuando nadie tiene que contar la misma historia varias veces, presentar documentos que ya obran en poder de la Administración o hacer de mensajero entre servicios sociales, sanidad, empleo y vivienda. Simplificar no es cambiar el nombre de una oficina: es devolver tiempo y dignidad.
No son expedientes: son días de vida
La Comunitat Valenciana no parte de cero. A 30 de junio de 2026 atendía a 182.188 personas con prestación efectiva y el tiempo medio desde la solicitud hasta la resolución de la prestación había bajado a 297 días, frente a los 531 de comienzos de 2020. Reconozco ese avance. Pero 15.793 personas seguían acumulando más de seis meses de espera sin causa de exclusión. Las dos realidades son ciertas.
Cuando leo “297 días” no veo una media. Veo decisiones sobre empleo, vivienda o apoyos personales que quedan suspendidas; familias que cubren los huecos del sistema; y profesionales con plantillas insuficientes. Hay algo que no estoy dispuesto a normalizar: que una persona organice su vida alrededor de la lentitud de la Administración.
En discapacidad, el Síndic de Greuges advirtió en su Informe anual de 2024 que, cuando se redactó, más de 50.000 expedientes de valoración habían superado el plazo legal. No es una fotografía actual, pero revela un problema estructural. Exijo datos actualizados, equipos suficientes y plazos verificables. La transparencia es la primera condición de la confianza.
La financiación será decisiva. El proyecto prevé que, en el agregado nacional, la aportación estatal equivalga al 50 % del gasto total certificado en el ejercicio precedente por el conjunto de las comunidades autónomas, excluida la aportación de las personas usuarias. Su aplicación necesitará reglas claras. De forma separada, el Real Decreto-ley 17/2026, ya vigente, aporta 2.218,65 millones de euros extraordinarios en 2026 y eleva el nivel mínimo desde el 1 de julio.
Pero anunciar recursos no es llegar. Cada euro nuevo debe ser adicional, finalista y trazable; traducirse en menos espera, más apoyo y empleo digno. La financiación estatal no puede permitir que la Generalitat reduzca su esfuerzo. Financiar los apoyos es asumir el coste democrático de que la igualdad sea real.
La política empieza ahora
Quiero decirlo con claridad: mi responsabilidad como presidente de CERMI-CV no es aplaudir a un Gobierno ni desgastar a otro. Es defender derechos gobierne quien gobierne, reconocer los avances y exigir su cumplimiento. Cada institución tiene una competencia distinta, pero ninguna puede trasladar a otra la responsabilidad del resultado.
Por eso propongo que el Consell, dentro de los cien días siguientes a la publicación de la ley en el BOE, presente un Plan Valenciano de Aplicación acordado con el movimiento organizado de la discapacidad. Debe incluir calendario, presupuesto, responsables e indicadores trimestrales. La política se vuelve creíble cuando acepta ser medida. Ese plan debe concretar cinco compromisos.
El primero es llegar a tiempo. Hace falta un plan de choque, equipos de valoración suficientes y objetivos trimestrales públicos. El sistema debe prepararse para el nuevo plazo máximo de tres meses para resolver el procedimiento de reconocimiento de la dependencia que prevé la reforma. Y nuestro cuadro de mando debe medir, además, el recorrido completo desde la solicitud hasta que el apoyo se hace efectivo.
El segundo es simplificar de verdad. Necesitamos un expediente social único y una ventanilla interoperable entre servicios sociales, sanidad, empleo y vivienda. Si un documento ya está en poder de la Administración, no debe pedirse otra vez. La ciudadanía no puede hacer de puente entre departamentos de un mismo sistema público.
El tercero es hacer efectiva la vida independiente. La asistencia personal debe dejar de ser residual y contar con intensidades vinculadas al coste real de cada proyecto de vida, con cobertura equitativa en las tres provincias y también en el medio rural. Desinstitucionalizar no es cambiar de edificio: es ofrecer vivienda accesible, apoyos elegidos y alternativas suficientes para poder elegir.
El cuarto es vincular financiación y calidad. Cada euro debe seguirse hasta sus resultados y cada servicio debe sostenerse sobre plantillas suficientes, estabilidad, formación, ratios adecuadas y salarios justos. No habrá buenos apoyos si quienes los prestan trabajan en la precariedad.
El quinto es gobernar con las personas. Pedimos participación estable de CERMI-CV y un panel público de indicadores desagregados. El diálogo civil no consiste en escuchar a las entidades cuando todo está decidido, sino en incorporar a las personas con discapacidad al diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas. “Nada sobre las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad” no es una frase ceremonial: es una regla democrática.
También fijamos líneas rojas: ningún derecho nuevo sin presupuesto suficiente; ningún fondo estatal que sustituya recursos autonómicos ya comprometidos; ninguna vida en comunidad sin vivienda y apoyos reales; ningún Programa Individual de Atención decidido sin la persona; y ninguna desigualdad en función del código postal. Si alguno de estos principios se vulnera, CERMI-CV lo señalará con claridad.
Al Senado le corresponde preservar los avances del texto y buscar el acuerdo más amplio posible. Al Gobierno de España, asegurar financiación estable y desarrollar la normativa en plazo. A la Generalitat, traducir la reforma en profesionales, procedimientos, servicios y apoyos efectivos. Y a las entidades locales, garantizar proximidad y equidad territorial. La distribución de competencias no puede convertirse en un laberinto para la ciudadanía.
CERMI-CV es independiente de gobiernos y partidos, pero no es neutral entre un derecho que llega a tiempo y un derecho que se pierde en la espera. Reconoceremos cada avance y señalaremos cada incumplimiento con la misma independencia. CERMI-CV no trabaja para una Administración; trabaja para que todas las Administraciones cumplan. El diálogo es nuestro método; los derechos, nuestro límite.
No mediremos el éxito por las páginas de una ley ni por los millones anunciados. Lo mediremos cuando nadie tenga que adaptar su vida a la lentitud del sistema; cuando la asistencia personal deje de ser excepcional; cuando una persona no tenga que acreditar dos veces la misma situación; cuando el código postal no determine los apoyos disponibles; y cuando quienes sostienen el sistema puedan hacerlo con dignidad.
Yo no podré considerar cumplida esta reforma hasta que cualquier persona pueda decir, con libertad y seguridad: esta es mi vida y decido cómo vivirla. Ese día la votación del 14 de julio habrá adquirido todo su sentido. Ese día, y no antes, la ley habrá llegado verdaderamente a la vida. Hasta entonces, mi compromiso como presidente de CERMI-CV es escuchar, proponer y exigir. No nos conformaremos con menos.
