- La plataforma presenta 16 alegaciones y advierte de que el decreto necesita más garantías para ser efectivo contra la indefensión judicial
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (CERMI-CV) ha presentado 16 alegaciones al proyecto de decreto del Consell que regulará la figura del personal facilitador para apoyar a las personas con discapacidad que participan en procesos judiciales, con el objetivo de reforzar las garantías de acceso a la justicia en condiciones de igualdad y evitar que el futuro servicio quede reducido a una previsión formal sin eficacia real.
Aunque la plataforma valora positivamente la regulación de esta figura, considera necesario introducir mejoras sustanciales para garantizar que el servicio responda plenamente al derecho fundamental de acceso a la justicia de las personas con discapacidad, las personas que precisan apoyos para el ejercicio de su capacidad jurídica y las personas mayores.
El presidente de CERMI-CV, Luis Vañó Gisbert, señala que «el personal facilitador no puede ser un recurso accesorio ni condicionado a la disponibilidad económica o territorial. Debe configurarse como una auténtica garantía procesal pública, gratuita, especializada y accesible, porque cuando una persona no entiende el procedimiento o no puede hacerse entender, el riesgo de indefensión es real».
Entre las alegaciones presentadas, CERMI-CV solicita que el propio título del decreto incluya expresamente no solo a las personas con discapacidad, sino también a las personas necesitadas de provisión de apoyos en su relación con la Administración de Justicia y a las personas mayores, en coherencia con el ámbito subjetivo recogido en el articulado.
Asimismo, reclama que el servicio tenga reconocido de forma expresa su carácter público y gratuito, sin que pueda estar condicionado a la capacidad económica de la persona destinataria, al tratarse de una garantía vinculada directamente al derecho a la tutela judicial efectiva.
Desde el primer contacto con el sistema judicial
Una de las principales reivindicaciones de la entidad es ampliar la cobertura del servicio más allá de los procedimientos judiciales estrictamente considerados. En este sentido, propone que pueda activarse también en actuaciones policiales, fiscales, servicios de asistencia a víctimas, Registro Civil, jurisdicción voluntaria y otras actuaciones preprocesales.
Para CERMI-CV, el apoyo del personal facilitador debe estar disponible desde el primer contacto de la persona con el sistema de justicia, especialmente en declaraciones, comparecencias, actuaciones urgentes o procedimientos que puedan afectar a derechos fundamentales o a la capacidad jurídica de la persona.
El movimiento valenciano de la discapacidad también plantea una modificación conceptual relevante al solicitar que el decreto utilice el término “ajustes de procedimiento” en lugar de “ajustes razonables” cuando se refiera al ámbito judicial. Según argumenta, se trata de la categoría jurídica específica vinculada al acceso a la justicia y evita que estos apoyos puedan quedar sujetos a criterios de carga desproporcionada cuando resultan imprescindibles para garantizar la participación efectiva de la persona.
Formación especializada y experiencia acreditada
En relación con el perfil profesional, CERMI-CV propone reforzar los requisitos de acceso a la función de personal facilitador. Entre otras medidas, plantea eliminar la titulación en Derecho como habilitación autónoma para desempeñar esta labor e incorporar la exigencia de experiencia acreditada y formación especializada en discapacidad, accesibilidad cognitiva, comunicación accesible, barreras del entorno judicial y ajustes de procedimiento.
La entidad considera que la especialización resulta imprescindible para garantizar una intervención adecuada y adaptada a las necesidades de cada persona usuaria del servicio.
Garantizar la accesibilidad a la comunicación
El documento dedica una parte importante a la accesibilidad comunicativa, considerada por CERMI-CV una condición indispensable para que la justicia sea realmente comprensible e inclusiva. Por ello, solicita que el decreto garantice la compatibilidad y simultaneidad entre la actuación del personal facilitador y otros apoyos comunicativos específicos.
Entre ellos cita la interpretación en lengua de signos, la guía-interpretación, la mediación comunicativa, la lectura fácil, los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, los apoyos a la comunicación oral, la accesibilidad cognitiva y cualquier otro recurso que permita a la persona recibir información, comprenderla, expresarse y participar en el procedimiento judicial en igualdad de condiciones.
Más garantías y mejor financiación
Las alegaciones incluyen además propuestas para establecer una estructura mínima común de los informes técnicos elaborados por el personal facilitador, reforzar el asesoramiento a jueces, fiscales y demás operadores jurídicos, dejar constancia escrita de las actuaciones urgentes y evitar que la designación funcione como un simple turno automático, apostando por un sistema basado en competencias y adecuación al caso concreto.
En materia económica, CERMI-CV advierte de la insuficiencia de las cuantías previstas en el baremo de compensación y reclama una revisión al alza acompañada de una dotación presupuestaria suficiente que garantice la continuidad, disponibilidad territorial y efectividad real del servicio.
La plataforma también propone incorporar un código ético obligatorio, un catálogo de derechos y deberes del personal facilitador, medidas específicas de protección de datos, formación continua, sistemas de evaluación de impacto y mecanismos de seguimiento institucional a través del Foro de Justicia y Discapacidad. Además, solicita la participación de las entidades representativas de la discapacidad y de los colegios profesionales en el desarrollo reglamentario de la norma.
Igualmente, reclama que se garantice el acceso efectivo al servicio mediante información accesible, procedimientos de detección temprana de necesidades de apoyo y canales de solicitud plenamente accesibles para toda la ciudadanía.
Para CERMI-CV, la aprobación de este decreto representa una oportunidad para situar a la Comunitat Valenciana como referente en justicia inclusiva desde una perspectiva de derechos humanos. La entidad defiende que la figura del personal facilitador debe responder al modelo social de la discapacidad y no limitarse a una regulación administrativa de mínimos.
«Una justicia que no se entiende no es plenamente justa. Y una justicia que no incorpora los apoyos necesarios desde el inicio del procedimiento puede dejar fuera, de hecho, a quienes más necesitan protección», concluye Vañó, quien reitera la disposición de CERMI-CV a seguir colaborando con la Conselleria para mejorar el texto antes de su aprobación definitiva.
