- Así cerró Luis Vañó su intervención: urgiendo que la unidad de mercado sea también de acceso —con accesibilidad, apoyos y procedimientos eficaces— y que la modernización solo sea progreso si llega a quienes más barreras tienen.
- Más de 800.000 vidas afectadas por una norma que busca simplificar trámites, pero que también podría dejar sin sanción el fraude en inclusión laboral si no se corrige una “laguna nuclear”.
La promesa de agilizar la economía valenciana ha chocado con una línea roja: los derechos de las personas con discapacidad. Más de 800.000 vidas afectadas por una norma que busca simplificar trámites, pero que, según avisó ayer el presidente del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (CERMI-CV), Luis Vañó, también podría contener una “laguna nuclear” capaz de dejar sin sanción el fraude en la inclusión laboral. En su comparecencia en Les Corts Valencianes, Vañó ofreció colaboración técnica, ha reconocido avances, pero ha lanzado un mensaje inequívoco: ninguna reforma puede construirse a costa de quienes ya parten en desventaja.
Además, durante su exposición ante la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts Valencianes, advirtió que solo el sistema público de dependencia y discapacidad moviliza más de 1.300 millones de euros anuales: “Esta norma no es técnica, afecta a personas y a inversión pública”, sentenció.
Pese a ofrecer la total colaboración técnica de la entidad y reconocer avances positivos del texto, el presidente de CERMI-CV fue tajante al fijar las líneas rojas: «Conocemos los cuellos de botella reales: lo que significa esperar una valoración, o lo que supone para una familia cuidadora que un procedimiento se alargue meses. Pero la modernización de la Administración no puede construirse a costa de rebajar las garantías jurídicas y sociales de los ciudadanos más vulnerables».
La demanda central se enfocó en la grave desprotección generada por la supresión del Título III de la Ley 11/2003 del Estatuto de Personas Con Discapacidad de la CV, operada por el artículo 51 del proyecto de ley.
CERMI-CV entregó a la Comisión un exhaustivo Cuadro de Correspondencias Normativas que prueba que 10 de las 27 infracciones suprimidas carecen de cobertura legal absoluta. Vañó denunció una «laguna nuclear»: desde el 29 de diciembre de 2025, las empresas que mientan sobre su cuota de inclusión laboral para ganar contratos públicos o subvenciones de la Generalitat no se enfrentan a ninguna sanción administrativa autonómica, por lo que exigió tipificar expresamente estas conductas o mantener vigente el Título III.
Asimismo, Vañó evidenció la contradicción del «silencio administrativo»: la Administración resuelve la dependencia con silencio estimatorio en tres meses, pero aplica el silencio desestimatorio a los seis meses para la discapacidad.
En esta misma línea de desprotección, alertó sobre el nuevo artículo 11 del Decreto 62/2017, que extingue automáticamente la prestación de dependencia ante una negativa injustificada a una revisión de oficio. Vañó exigió una audiencia previa y paralizar plazos en casos de hospitalización, recordando que «un derecho conquistado no puede perderse de forma fulminante por causas ajenas a la voluntad de la persona».
Por otro lado, la entidad reclamó completar derechos sociales que el texto deja inconclusos, como la Asistencia Terapéutica Infantil (PATI). Vañó exigió ampliar su cobertura de los 21 a los 25 años para proteger a los jóvenes universitarios, dejando una frase contundente: «La discapacidad no caduca al tercer año de carrera».
Además, exigió que prestaciones como la Asistencia Personal cuenten con dotación presupuestaria garantizada, advirtiendo que «un derecho sin presupuesto es una promesa sin fecha», y denunció la «discriminación indirecta» del artículo 61, que restringe la Mediación Gratuita para el colectivo exclusivamente a conflictos sobre salud o discapacidad.
En el ámbito procedimental, aunque CERMI-CV valoró positivamente que se abra la puerta a la colaboración de entidades sociales en la valoración de la discapacidad, Vañó exigió cinco condiciones innegociables para evitar conflictos de intereses (como la firma de una Declaración de Ausencia de Conflicto) y asegurar que el dictamen final siga siendo estrictamente público.
En paralelo, exigió que la Conselleria cumpla su propio reglamento (Decreto 175/2021) ofreciendo formularios de Asistencia Jurídica Gratuita en formatos accesibles, y reclamó un «blindaje digital inclusivo» que prohíba que prohíba expresamente los sistemas de verificación visuales (CAPTCHA)
Antes de concluir, la entidad reclamó garantizar la accesibilidad en los nuevos Proyectos Habitacionales Locales y tildó de francamente insuficientes los 246 euros de deducción fiscal autonómica frente al sobrecoste real de más de 10.800 euros anuales que soporta una familia con discapacidad.
El presidente de CERMI-CV cerró su intervención resumiendo la posición del sector en tres ideas fundamentales:
- «Primera: simplificar sí, pero sin excluir».
- «Segunda: la unidad de mercado también es unidad de acceso: accesibilidad, apoyos y procedimientos que funcionen».
- «Y tercera: la modernización —incluida la digitalización— solo es progreso si llega a todos, también a quien más barreras tiene».
CERMI Comunitat Valenciana representa a las entidades de personas con discapacidad y sus familias en la Comunitat Valenciana, trabajando por la defensa de derechos, la inclusión y la igualdad de oportunidades.
