- La entidad presenta 425 alegaciones para que las redes de telecomunicaciones garanticen la supervivencia de las personas electrodependientes y con discapacidad en situaciones de colapso, apagones o ciberataques.
- Denuncian una «brecha de seguridad»: la normativa propuesta permitiría que las antenas móviles se apaguen a las 4 horas de un corte de luz, dejando incomunicados a pacientes cuyos respiradores tienen batería para 12 horas.
- El documento, sin precedentes por su sofisticación técnica, blinda comunicaciones, teleasistencia y sistemas de emergencia como ES-Alert, y aborda desde los riesgos de la IA y los deepfakes hasta la soberanía de los datos de salud y la prioridad en la reparación de redes rurales, exigiendo una ciberseguridad que proteja derechos y vidas.
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (CERMI CV) ha registrado hoy ante el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública un documento sin precedentes que contiene 425 alegaciones técnico-jurídicas al Proyecto de Real Decreto sobre seguridad y resiliencia de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas para que las redes de telecomunicaciones garanticen la supervivencia de las personas electrodependientes y con discapacidad en situaciones de colapso, apagones o ciberataques.
Con esta acción, CERMI CV busca corregir el enfoque «excesivamente tecnocrático» de la futura norma de seguridad nacional, exigiendo que la infraestructura digital del Estado no solo proteja los datos, sino también las vidas de los 4,3 millones de personas con discapacidad y sus familias, especialmente en escenarios de emergencia climática (como las recientes DANA), crisis energéticas o amenazas híbridas.
Luis Vañó, presidente de CERMI CV, ha declarado: «No podemos permitir una seguridad de dos velocidades: una red robusta para el usuario estándar y una red frágil para quien depende de ella para vivir. Hemos realizado una auditoría quirúrgica del texto legal para demostrar que la accesibilidad no es un extra, es el cortafuegos que separa la vida de la muerte en una catástrofe».
LOS 5 PILARES DE LA «RESILIENCIA INCLUSIVA»
El documento presentado por CERMI CV, que destaca por su elevado nivel de ingeniería jurídica, articula sus demandas en torno a cinco ejes vitales que el Gobierno debe asumir:
1. Evitar la muerte por desconexión (Electrodependientes): CERMI CV alerta de un «desacople fatal» en la norma: el borrador permite que las redes móviles se apaguen tras 4 horas de corte eléctrico, mientras que muchas baterías de respiradores y equipos de soporte vital duran más de 12 horas. «Esto significa que el paciente sigue vivo, pero incomunicado e incapaz de pedir auxilio durante horas críticas», explican. La entidad exige elevar a 24 horas la autonomía obligatoria de las antenas que cubren hogares de pacientes críticos y crear una «Alarma Centinela» que avise automáticamente al 112 si la conexión de un paciente vital cae.
2. Defensa frente a la Inteligencia Artificial y Ciberamenazas: Las alegaciones anticipan riesgos futuros, exigiendo protección contra el «triaje algorítmico» (que una IA decida no dar prioridad de red a una persona por tener discapacidad) y solicitando responsabilidad objetiva para los operadores si sus traductores automáticos cometen errores graves en alertas de emergencia. También se pide protección contra la clonación de voz (deepfakes) que pueda usarse para estafar a personas mayores o ciegas en momentos de caos.
3. Accesibilidad Universal como requisito de Seguridad Nacional: Se exige que los sistemas de alerta pública (112, ES-Alert) sean accesibles por diseño, integrando vídeo en lengua de signos, texto en tiempo real y alertas por vibración háptica para personas sordociegas. «Una alerta que no se entiende es una alerta que no existe», reza el documento, que también pide la interoperabilidad de las apps de emergencia con los lectores de pantalla de las personas ciegas.
4. Reconocimiento del impacto en Familias e Infancia: CERMI CV ha enmendado la Memoria Económica del Gobierno, que afirmaba que la norma «no tiene impacto en la familia». La entidad ha demostrado que la caída de las redes de teleasistencia provoca un «voluntariado forzoso» en las familias cuidadoras y afecta críticamente al desarrollo de la infancia con discapacidad que depende de la tele-rehabilitación, exigiendo que se cuantifique este coste social.
5. Soberanía Digital y Protección de Neuro derechos: En un apartado de vanguardia, las alegaciones solicitan la protección especial de los datos neuronales (interfaces cerebro-computadora) y la integridad de los «bancos de voz» de pacientes con ELA en la nube, considerándolos activos de infraestructura crítica personal que no pueden perderse por un fallo de red.
UN LLAMAMIENTO A LA RESPONSABILIDAD DE ESTADO
El documento concluye solicitando una Cláusula de No Regresión, para evitar que los operadores utilicen situaciones de «fuerza mayor» como excusa para suspender los derechos de accesibilidad.
«Con estas 425 propuestas, hemos hecho el trabajo de ingeniería social que la Administración no hizo. Ahora la pelota está en el tejado del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública: tienen la oportunidad de aprobar la norma de ciberseguridad más avanzada y humana de Europa, o de aprobar un texto que deja atrás a los más vulnerables», concluye Vañó.
